El Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, es una de las figuras más polarizantes y polémicas de la historia política de Colombia. Sus funciones, designadas por el Congreso de la República a través de una terna elegida por el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, son consagradas por la Constitución del 91 para que protejan los derechos humanos y sancionen las irregularidades de los funcionarios públicos que violen la ley. Es imperativo que el Procurador General garantice que los servidores públicos se acojan al régimen legal vigente y sirvan a los intereses generales de la ciudadanía.

Y así pues, mientras que los funcionarios públicos de La Guajira y Chocó saquean los recursos para la nutrición y educación de la infancia, Alejandro Ordóñez ve prioritario que los niños y niñas en nuestros colegios no se tomen de las manos o se den besos, a través de un concepto de 55 páginas enviado a la magistrada de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortíz, mediante el cual, solicita al alto tribunal dejar en firme las facultades de los manuales de convivencia de las instituciones educativas, para que prohíban todas las manifestaciones excesivas de afecto entre estudiantes.

Esta nueva arremetida del Ministerio público, obedece al trágico episodio en el que el estudiante del Gimnasio Castillo Campestre, Sergio David Urrego Reyes cometió suicidio arrojándose desde la terraza de un centro comercial, debido al acoso y discriminación que padeció por parte de directivas y docentes, a raíz de su orientación sexual. El fallo del Consejo de Estado que revocó la condena del Tribunal Superior de Cundinamarca a la Institución educativa, por haber discriminado al joven Urrego alentó al Procurador Ordóñez a pronunciarse a favor de los manuales de convivencia de los colegios, que como el del Gimnasio Castillo, sancionarían a los estudiantes sí hacen demostraciones de afecto dentro de sus instalaciones.

Pero a Ordóñez no le bastó con hablar en contra de las demostraciones de afecto entre estudiantes. En el concepto enviado a la magistrada Ortíz, expresó que, “las instituciones con orientación confesional católica no pueden prohibir las tendencias homosexuales de su estudiantado, sin embargo, sí puede aconsejarlos para que alcancen el modelo de vida que se pretende enseñar”. Lo anterior, en abierta violación  de los derechos consagrados por la carta magna e incluso, en contravía del fallo de la Corte Constitucional que ratificó la condena al Gimnasio Castillo por la muerte de Urrego.

Para nadie es secreto que el Jefe del Ministerio público es un devoto católico y conservador, pero que sus ideales dicten la forma de ejercer sus funciones como Procurador General, garante de los derechos humanos y protector de la Constitución, es sumamente deplorable. Nuestra carta magna del 91 fue sancionada y ratificada  para poner fin al conservadurismo reaccionario de años anteriores y no es posible que Alejandro Ordóñez continúe desconociendo esto.