El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una circular externa el pasado 30 de septiembre, mediante la cual, solicitó a los principales medios de comunicación incluir en las transmisiones de los debates,  a todos los aspirantes a los cargos de elección popular que se disputarán el próximo 25 de octubre.  De acuerdo al magistrado del CNE, Alexánder Vega, la circular emitida era una “recomendación” a los medios para que establecerían el equilibrio, como objetivo fundamental para estas elecciones; es decir, una solicitud formal para que la prensa presente a la ciudadanía, toda la baraja electoral vigente y no sólo a los punteros de siempre.

Sin embargo, la recomendación cayó mal para muchos lideres de opinión (por lideres de opinión, me refiero a los directores y jefes de contenido de los medios), de hecho, levantaron su voz de protesta y acusaron al máximo organismo electoral de practicar censura sobre la prensa. Algunos como Néstor Morales, director de la emisora Blu Radio (propiedad del grupo Santodomingo y vinculada a Caracol Televisión), compararon la actitud del CNE con la de las instituciones venezolanas y tildaron la circular como “absurda”; mientras que Vicky Dávila (directora de la FM Radio, propiedad de la organización Ardila Lule y parte del conglomerado, RCN Radio)  la calificó como, “sospechosa y una abierta censura”.  Para los pluma blanca de los grandes medios, la recomendación del Consejo Nacional Electoral atacaba el derecho fundamental a la libertad de expresión y representaba una transgresión a la democracia.

Pero, ¿habrá incurrido el Consejo Nacional Electoral en censura a los medios? Porque de ninguna manera podemos aceptar que instituciones del Estado colombiano, puestas a disposición y beneficio del pueblo, se conviertan en fuerzas coercitivas del libre pensamiento; eso es claro y no puede haber lugar en el entorno democrático para organismos estatales que apelen al autoritarismo. La prensa debe ser libre, pero también la audiencia debe ser gozar de la misma libertad, para  recibir información veraz, plural y objetiva. La libertad de expresión es un derecho que se le debe garantizar a todos los medios de comunicación, pero también a la ciudadanía, porque en una sociedad absolutamente democrática, los sujetos que la conformen son mediadores para la acción comunicativa.

Entonces, ¿cómo hacemos para garantizarle a la ciudadanía, el derecho pleno y plural a la información? Es decir, ¿cómo incluir todas las voces de la contienda electoral en los medios de comunicación? En Bogotá, por ejemplo, hay siete candidatos disputándose la Alcaldía Mayor, pero sólo cuatro  son regularmente invitados a los debates transmitidos por la prensa audiovisual y radiodifusora; o sea, los que puntean en las encuestas se ganan el derecho de ser escuchados. De hecho, en el Distrito Capital casi nadie conoce a Daniel Raisbeck, Alex Vernot y Ricardo Arias, pero por el contrario, sí han escuchado de Enrique Peñalosa, Rafael Pardo, Clara López y Francisco Santos. ¿Esto les parece justo? ¿Es aceptable que los medios de comunicación se sirvan de las encuestas para definir de quien hablar y a quien ignorar? ¿No es acaso ese, un deber intrínseco de los votantes? Por lo visto, no es éste el caso.

Hay que decir que  las firmas encuestadoras son poderosas  fuerzas electorales en Colombia, pues el votante promedio es indeciso, indiferente, pesimista y casi nunca sabe por quién votar, y, por tal razón, los grandes medios de comunicación, que sí saben a quién elegir, mandan a realizar encuestas, muchas de ellas, parcializadas y desprovistas de cualquier objetividad, con el único fin de crear puntos de partida hacia una opinión “dirigida”, algo que los teóricos de la comunicación llaman, Agenda-Setting. En otras palabras, la prensa decide en primera instancia, para que los votantes resuelvan luego, con base a lo que ya ha sido sorteado.

Así pues, tenemos un problema más para las democracias representativas: las elecciones son sometidas a filtros que alejan a los votantes de sus candidatos. Es decir, una pirámide en donde los medios de comunicación y las firmas encuestadoras son los electores de primer orden, pues desde ahí se establece quién es valioso y quién es insignificante; luego los partidos políticos, influenciados por la agenda de opinión planteada desde la prensa masiva, nombran a sus candidatos y representan el electorado de segundo nivel y finalmente y por desgracia, en último lugar,  la ciudadanía es el tercer orden de poder electoral, pues decide sobre lo que ya fue decidido.  Un esquema en donde la democracia deja de ser participativa y directa y se convierte en un juego de roles, en donde el ciudadano es representado a través de cuerpos ajenos (efectivamente, eso es democracia representativa).

SPero no quiero que se confundan conmigo, pues no pretendo ser juez exclusivo de la prensa colombiana. Por el contrario, me gustaría que entiendan que ese deber es absolutamente colectivo y nos corresponde a todos asumirlo en condiciones de igualdad. Los colombianos tienen derecho a informarse y a recibir información veraz, objetiva e imparcial y aunque esto suele ser complejo y a veces casi imposible, no debería ser subestimado por los medios de comunicación. La recomendación del Consejo Nacional Electoral fue eso mismo nada más y no veo porque las cabezas del periodismo nacional deban gritar en pánico y acusar a una institución del Estado, de incurrir en censura y de atentar contra la libertad de prensa, sólo porque les pide, más no exige, obliga y coarta, a incluir a todos los candidatos a los cargos de elección popular en sus debates transmitidos. La verdad es que no entiendo cuál fue el afán.

Por cierto, esta columna de opinión fue una “recomendación” nada más. Por favor, no me digan fascista, que a mi me gusta la libertad de expresión, pero también me gusta el pluralismo en la información y la democracia abierta y directa.