El debate permanente sobre la eutanasia y el derecho a morir, es un viejo tema de discusión en occidente. A pesar de los adelantos científicos y los avances en los cuidados paliativos para el tratamiento de enfermedades terminales, el sufrimiento físico y mental persiste en los pacientes y la sociedad sigue resistiéndose a aceptar la necesidad de acoger a la muerte como una amiga.  Es hora de que la discusión regrese a nuestra agenda y abramos nuestra mente y corazón ante el dolor de los enfermos.

El pasado viernes en las horas de la mañana, don Ovidio González, padre del caricaturista Julio César González, “matador”, falleció tras haber conseguido que los médicos de la Clínica Oncólogos de Occidente en Pereira, le practicaran el procedimiento de eutanasia para poner fin al intenso dolor y padecimiento causado por un cáncer en su rostro. La enfermedad que había progresado durante algunos años, había debilitado no sólo su cuerpo, sino también su espíritu y ganas de vivir. La necrosis resultante de esta terrible forma de cáncer, había devorado la carne y tejido en su cara y facilitado la putrefacción de la misma, expidiendo malos olores y permitiendo el ingreso de bacterias, virus y otros patógenos oportunistas que arreciaban su dolor.  La incapacidad de los medicamentos para poder combatir a este mal y el constante padecimiento físico y psicológico, condujo al Señor Gónzález, con el apoyo y beneplácito de su familia y médicos, a concluir con su vida a través del procedimiento de muerte asistida.

Todo esto no hubiese sido posible sin la resolución del Ministerio de Salud y la sentencia T970 de la Corte Constitucional, que permitieron la reglamentación de los procedimientos médicos para legitimar el derecho a morir dignamente.  La increíble decisión del Estado colombiano de partir cobijas con la moral cristiana y de sentar un precedente a favor de los derechos y libertades consagradas por la ley laica, es un hito para la modernidad jurídica de occidente. A partir de ahora, Colombia hace parte de un prestigioso club de naciones progresistas que aceptan desde la jurisprudencia, la necesidad de un paciente a elegir cuando terminar con su dolor y sufrimiento.

Y aunque el drama de la salud en Colombia esté lejos de terminar (las EPS siguen haciendo negocio con la vida de los pacientes y el gobierno no tiene músculo para garantizarla a sus ciudadanos),  la decisión jurídica de aceptar el derecho a la muerte digna es un triunfo para la vida de los colombianos, pues gracias a esta determinación del Estado, la sociedad civil ha ganado mayor reconocimiento de sus derechos. La muerte, permanente enemigo de nuestro país en décadas de conflicto interno y violencia, se convierte en aliada de los desamparados; una amiga que consigue darles una mano y un aliento ante un sufrimiento sin cura y remedio.