¿Por qué deberíamos preguntarnos sí la guerra es mejor que la paz? El artículo 22 de la Constitución política de 1991 afirma que,  “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y la Declaración de Oslo de 1997 sobre el derecho humano a la paz propuesto por la Unesco hace lo mismo, exaltando tal condición como uno de los DD.HH que deben ser incorporados al listado de la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1948. Como contraste, en el artículo 212 de nuestra Carta Magna se le exige al Presidente de la República y a sus ministros, que una declaración de guerra exterior debe pasar primero por la autorización del Senado. Así pues, en principio, la ley favorece el derecho a la paz por encima del derecho a la guerra. Sencillamente,  la paz no puede ser consultada porque es el principio ideal de vida para que cualquier civilización prevalezca.

Entonces, ¿Por qué el Presidente Juan Manuel Santos quiere refrendar los acuerdos de La Habana mediante un plebiscito popular? ¿Por qué es necesario preguntarles a los colombianos sí quieren paz o guerra con las Farc? ¿Es acaso prudente consultar con la ciudadanía sobre un derecho aparentemente fundamental? En teoría, el derecho a la paz no hace parte del compendio de la Declaración Universal de los DD.HH y eso está claro, pero la Unesco fue sabia en afirmar que el derecho a vivir en paz es un requisito para el ejercicio de los deberes y nadie escuchó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contradecir tal disposición y más aún, nuestra Constitución parece estar de acuerdo también.

¿Es por la oposición de derecha? ¿Hay que preguntarles a ellos, los belicosos que siempre han sido, sí quieren firmar la paz con la guerrilla más antigua y poderosa de América Latina? Porque de ser así, ya se perdió la plática invertida en La Habana. Pero no quiero que me malinterpreten, porque no soy partidario de que el gobierno nacional haga pactos a puerta cerrada y que el pueblo no se entere. Por el contrario, soy vehemente en decir que todas las disposiciones de los puntos en el acuerdo deben ser conocidas y socializadas por la sociedad civil, las fuerzas militares, la insurgencia, los partidos políticos, las organizaciones sociales, los sindicatos y los gremios. Por ello, me atrevo a decir que un referéndum para la paz no es mejor que una Constituyente.

Cuando la guerrilla del M-19 acordó dejar las armas, otros grupos insurgentes decidieron unirse a la iniciativa; desde el Movimiento Armado Quintín Lame, pasando por la Corriente de Renovación Socialista (facción disidente del ELN) y  el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), hasta el Ejército Popular de Liberación (EPL). Como resultado de estas desmovilizaciones, un movimiento estudiantil promovió la Séptima Papeleta en las elecciones generales de 1990, para exigir una Asamblea Constituyente que socializara los acuerdos y transformara al país en una nación mucho más moderna, plural y democrática. Entonces, ¿Por qué pedir un referéndum que nos consulte sí queremos paz o no? Pues porque parece ser que el gobierno nacional está más interesado en ganar un concurso de popularidad o llevarse un premio Nobel.

Curiosamente, son muchos políticos de derecha y de izquierda por igual, que parecen estar de acuerdo con la fórmula de una Asamblea Constituyente. Álvaro Uribe Vélez lo ha dicho en repetidas ocasiones y muchos miembros del Secretariado de las Farc también. ¿Por qué no empezamos por este común entendimiento? Sí la derecha y la izquierda convergen en esta propuesta ¿Por qué le cuesta tanto trabajo al gobierno aceptarla? Sí ambas partes en La Habana llegan a un entendimiento en todos los puntos, es necesario que el Presidente disuelva al Congreso de la República y convoque a elecciones para formar una Constituyente, en donde estén representados todos los actores armados, políticos, económicos y civiles de la población. Una Asamblea que de ejemplo de democracia directa y que construya paz a partir del disentimiento respetuoso.

La justicia transicional debe ser aplicada para todos los actores armados y la verdad y la reparación deben ser garantizadas por el Estado. Las víctimas deben ser resarcidas y recibir vocería activa, mientras que a la sociedad civil se le debe enseñar a perdonar. Hoy más que nunca, tenemos una obligación moral con las futuras generaciones, pues sí desistimos en la construcción de una paz duradera, la historia podrá repetirse y la guerra continuará adaptándose a los entornos del futuro incierto. Juan Manuel Santos no puede pedirnos a nosotros que votemos por la paz, porque es su obligación como Jefe de Estado y gobierno garantizarla a todos nosotros. La paz no puede ser consultada, simplemente debe ser puesta en ejecución.