La reciente crisis entre los gobiernos de Colombia y Venezuela generada por las masivas deportaciones de colombianos desde el vecino país, no solo ha desatado una tormenta política y económica en nuestra frontera,  sino también ha despertado en los nacionales de ambos países, los peores instintos de patriotismo y nacionalismo extremo, producto de las pasiones de los politiqueros de cada lado de los puentes internacionales. Es imperativo que los canales diplomáticos se empleen como fórmula para acudir al diálogo permanente y que los ejecutivos de ambas naciones se acojan a la normativa internacional del derecho humanitario

Cada gobierno posee unas disposiciones y atributos que la ley de su país le permite ejecutar. La deportación de extranjeros es una herramienta que cualquier nación soberana ejerce de forma independiente, de acuerdo a la normativa local y al derecho internacional. El problema de nuestro caso – y por nuestro caso me refiero a la crisis fronteriza – es que Venezuela ha deportado a un cuantioso número de colombianos de forma irregular y reprochable desde el punto de vista humanitario, con métodos que van desde la intimidación, el señalamiento y la discriminación, hasta el desalojo forzoso y la destrucción de bienes.

Ahora bien, ¿cómo se debe tratar esta situación? Ciertamente no a través del megáfono de Álvaro Uribe o los micrófonos de Diosdado Cabello. Estos incendiarios políticos, además de ser peligrosos manipuladores con agenda propia, no representan el sentir de dos pueblos que merecen continuar en hermandad. La diplomacia debe ser el único recurso para apagar la crisis y los gobiernos de Colombia y Venezuela deben sentarse en la mesa y administrar la problemática conjunta que existe en la frontera, sin apelar a la ideología o a los egos del patriotismo.

La frontera colombo-venezolana es una región provista de una cultura común; una sociedad que desde siempre ha sido fraternal entre sí y que no merece estar en el medio de un ajedrez geopolítico. El gobierno venezolano debe reconocer que la deportación masiva de colombianos no sólo ha afectado la relación binacional, sino también, por cómo se ha llevado a cabo, ha constituido un acto violatorio del derecho internacional humanitario y mientras eso suceda, el gobierno colombiano deberá reflexionar sobre su rol al otro lado del puente, pues hay que decirlo, Colombia no ha hecho casi nada para perseguir al paramilitarismo y el contrabando en la frontera y aún no ha conseguido aplicar políticas económicas y de bienestar para mejorar la vida de los habitantes de la región.

La actual crisis fronteriza (y las otras tantas anteriores) es producto de décadas de abandono de los gobiernos de ambos países. La corrupción e inoperancia en las instituciones de seguridad, así como la siempre constante informalidad económica, el desempleo y la falta de servicios básicos en la población, sumados a la presencia del paramilitarismo o el mal llamado fenómeno “Bacrim” (Clan Úsuga, Los Rastrojos, Águilas Negras) y de las guerrillas (FARC y ELN), hacen de este caso, uno que no debe resolverse por la vía del insulto, la verborrea politiquera y los apasionados discursos nacionalistas. Esto es un asunto que debe atenderse a través de una agenda de cooperación permanente entre Colombia y Venezuela.

Mucha sensatez, justos sentimientos y menos fronteras entre nosotros.