Las instituciones democráticas no siempre están al servicio del interés popular, eso es claro. Y no digo esto, en un afán de crítica, sino por considerar necesario, empezar afirmando un hecho que parece incuestionable, según los últimos acontecimientos que se han dado entorno a la consulta anti taurina promovida en Bogotá.  Pues bien, el Consejo de Estado le ha clavado otra banderilla al toro de la democracia, al declarar ilegal el plebiscito que pretendía realizarse en las próximas elecciones regionales en el Distrito capital. La iniciativa que había nacido desde los colectivos animalistas de la ciudad y había sido avalada  por las autoridades distritales (Concejo Distrital y Alcaldía Mayor), también había sido apoyada jurídicamente por el Tribunal contencioso administrativo de Bogotá y Cundinamarca, el 25 de agosto de este año, aclarando que de acuerdo a la nueva ley de participación ciudadana, no se vulneraban los principios de la Constitución política. Hasta ahí, todo iba según la norma vigente.

Pero la sección quinta del  Consejo de Estado, acatando una acción de tutela de los defensores de la tauromaquia en Bogotá y a través de  la ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, dictaminó que el Tribunal contencioso de Cundinamarca había violado el derecho fundamental de los demandantes, pues había ignorado la sentencia C-889 del 2012 y el contenido en la tutela T-295 del 2013, en donde la Corte Constitucional había sentado precedente al señalar que los entes territoriales, no podían exigir requisitos adicionales a los fijados por el Congreso de la República para el desarrollo de la actividad taurina en cualquier lugar de la geografía nacional.

Así pues, el Consejo de Estado, la máxima instancia de lo contencioso administrativo, ordenó al Tribunal de Cundinamarca, modificar su sentencia para acatar la decisión de los altos magistrados del primero. La justicia se había pronunciado y el constituyente primario, es decir, la ciudadanía que representa el poder absoluto en las democracias representativas (y las participativas, sí hubiesen en alguna parte),  había sido ignorada y reemplazada por los argumentos jurídicos de unos cuantos togados. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Pues según la jurisprudencia colombiana, que el derecho de las minorías fue protegido y que la tiranía del alcalde mayor, Gustavo Petro Urrego fue derrotada; que las mayorías no pueden decidir por el gusto de los pocos y que la actividad taurina está amparada por la Constitución y sus muy “progresistas y pluralistas” leyes.

Pero no quisiera terminar con la sentencia de la justicia, porque esta historia no debe acabar con el dictaminen de estos jueces. No creo que la actividad taurina deba ser considerada una tradición cultural o un patrimonio histórico para ser preservado. La barbarie contra una especie animal no puede prevalecer en la memoria colectiva de los colombianos, que hoy en día buscan la paz para resolver décadas de conflicto armado y violencia social. ¿Les parece barato el argumento? Consideren lo siguiente entonces; hace unas semanas estaba discutiendo con un abogado, quien me decía que la decisión del Consejo de Estado era un precedente positivo que podía proteger además, los derechos de las parejas del mismo sexo, que podrían ser vulnerados a través de una acción popular, similar a la consulta antitaurina o mejor aún,  a aquella que se realizó en la República de Irlanda (un plebiscito realizado el 22 de mayo del 2015, que preguntó a la ciudadanía general sí apoyaba el matrimonio igualitario y que terminó en un grato final feliz), en donde la voluntad mayoritaria dicta los derechos de las minorías discordantes. Sin embargo, le dije a él, que no podía comparar peras con manzanas, pues el derecho a la igualdad es un principio fundamental consagrado por la Declaración universal de los derechos humanos, mientras que el espectáculo taurino no tiene tal protección y el argumento de que hace parte de una actividad cultural y patrimonial de la memoria histórica, es absolutamente ambiguo. No podemos justificar la legitimidad de una tradición, sí lo que promueve es la violencia contra los animales.

En fin, la batalla está perdida, pero la guerra no se ha terminado. La decisión del Consejo de Estado y la Corte Constitucional nos obliga a ser ciudadanos responsables y a exigirle al Congreso de la República (la máxima autoridad en las democracias representativas, pero al fin y al cabo, un usurpador en las democracias participativas y directas),  a legislar sobre la actividad taurina y a que dicte un código de protección animal. No podemos seguir tolerando que  la ley, por muy justa y muy ley que sea, aplaste la voluntad de los pueblos soberanos. Por lo pronto, también será necesario, pedirle al nuevo alcalde mayor de Bogotá, que se irá a posesionar el 1 de enero del próximo año, que ni se le ocurra patrocinar con dineros públicos, una actividad repudiada por la mayoría de sus ciudadanos.

Un comentario adicional: llenémonos de alegría por los avances significativos en las conversaciones de paz en La Habana. La firma del punto sobre justicia transicional y reparación a las víctimas debe ser debatido, en eso estoy de acuerdo y no le pido a nadie que trague entero. Sin embargo, es necesario que la sociedad colombiana abandone tanto cinismo y empiece a renovar su mentalidad. El futuro parece ser prometedor y es imperativo que nos involucremos de lleno con él.