La tragedia que vive la familia de Rubiela Chivará es una historia vieja; de hecho, este cuento triste, grotesco y muy típico de las tragedias griegas de este país, hace parte de la absurda cotidianidad de nuestra sociedad sin memoria. Todos los días se registran casos de muertes por negligencias en la prestación de los servicios médicos en Colombia y siempre apuntamos el dedo hacia a las entidades prestadoras de salud, como las únicas responsables de esta carnicería social, producto de una burocracia y tramitología auspiciada por el Estado colombiano.

Ahora bien, hemos identificado a los villanos y eso está bien, pero, ¿y los héroes? ¿Quién podrá ayudarnos? A mi por ejemplo, me gustaría pensar que el gobierno nacional es la única institución (o más bien, conjunto de instituciones) que tiene potestades para hacerlo, pues al fin y al cabo, la Constitución lo demanda y le dota de poderes suficientes para garantizarle a los colombianos, cobertura absoluta en salud; sin embargo, la historia y la ambigüedad en nuestras leyes  han demostrado que los anhelos son contrarios a la realidad en la que vivimos, pues este tipo de situaciones continúan repitiéndose y no pasa nada. De hecho, a pesar del estruendoso ruido que se hace en los medios de comunicación, nadie en la Casa de Nariño o en el Ministerio de Salud, toma decisiones de fondo para cortar de raíz con este eterno problema.  Es más, son muy pocos los proyectos de ley tramitados desde el Congreso, que consiguen prosperar también. Gracias a la Constitución política de 1991, el Estado colombiano le permitió a sus ciudadanos acceder a servicios de salud a través de la figura de la acción de tutela. Sin embargo, ¿por qué debe ser así? ¿Por qué debe ser el bienestar de los individuos, un derecho que debe ser ordenado por un juzgado?

Entiendo que no he escrito nada novedoso entorno a esta problemática, pero al menos puedo pedir, por medio de este columna, que el Congreso de la República y el Ministerio de Salud hagan una reforma real al sistema de salud colombiano. La mercantilización de los servicios sanitarios le permitió a unos particulares hacer lucro con un derecho fundamental de la ciudadanía, ¿no es eso suficiente? ¿Qué consigue el Gobierno con sanciones a las EPS, sí el problema estructural permanece? ¿Cuántas otras personas como Rubiela Chivará deben sacrificar sus vidas? ¿Esto es negocio para que los medios impriman papel o para que el ejecutivo nacional recaude plata a punta de multas a las clínicas o entidades prestadoras de salud? ¿Por qué es tan difícil?

Además de alimentar el discurso de las diferentes fuerzas políticas de nuestro país, la problemática de la salud no es otra cosa más, que un simple debate que se lleva a cabo en la academia y en los medios de comunicación. De hecho, cada vez que se plantea una reforma a las estructuras del sistema de sanidad colombiano, aparecen esos viejos vicios ideológicos, como por ejemplo, que la gratuidad de la salud es igual a socialismo y déficit fiscal o que el Estado es un mal gerente y que es necesario que los particulares administren los recursos, etcétera; todas esas viejas excusas que no nos permiten hacer una reflexión real sobre el problema.

En fin, espero que en lugar de sanciones o amenazas a las EPS, a las clínicas, a los profesionales hospitalarios y a los directivos de las instituciones responsables por la muerte de la señora Chivará y de otras miles más, nuestros funcionarios electos y designados para gobernar y legislar estén dispuestos a redactar una solución final, que acabe con el capitalismo en los servicios de atención y promoción de salud. Pienso yo, que el sistema de sanidad colombiano debería ser tan estatal y tan imprescindiblemente público como las fuerzas militares, el servicio civil y la democracia electoral, pero sí eso me hace mamerto, ¿no es mejor así? Piénsenlo.